No me aventuro normalmente a escribir sobre temas intangibles, sino que prefiero hablar sobre las cositas que me gustan y que normalmente hago con mis manos. Es por eso lo de mis enredos y mis actividades que dan título a este humilde blog.
Sin embargo, y desde el principio, dejé hueco también a mis pensamientos. Creo que la oportunidad que nos brinda el disponer de una herramienta de publicación como las diversas que tenemos hoy en día no se puede desaprovechar, aunque unas veces por ganas de no entrar en polémica, y otras por pereza, la verdad es que he desnudado pocos pensamientos por aquí.
Pero claro, desde ayer la cosa está que arde. El facebook no deja de mostrar comentarios en contra de la noticia estrella, y los telediarios, y principalmente, los interesantísimos programas de debate en las diversas emisoras de TV (sí, todos ellos que juntos no son capaces de ganar en audiencia al omnipresente Jorge Javier, y así va el país) y lo que no han conseguido activar ni la política separatista catalana, o el aborto, por ejemplo, lo va a hacer la derogación de la doctrina parot.
Ahora todos nos rasgamos las vestiduras. Y con razón. Es inconcebible que en un Estado de Derecho, los mayores criminales de nuestro país (y no sólo los terroristas) se vayan a casa casi de rositas.
Hoy mismo han liberado a una de las mayores terrorista, criminal, inhumana y abyecta persona de las que pueblan España. Se trata de Inés del Río Prada. Pobrecita... llevaba 26 años en la cárcel, y claro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado Español a liberarla inmediatamente, porque se ha excedido en la aplicación de las penas a las que fue condenada.
Y aquí enlazo con el título de la entrada. A todos nos ha fastidiado enormemente esta situación, porque a poco que nos solidaricemos con las víctimas de esta malnacida, (nada más y nada menos que VEINTICUATRO) tenemos excusas más que suficientes para declararnos en huelga de lo que se nos ocurra.
Pero yo llevo viendo hace ya mucho tiempo la desconexión entre la Justicia y la sociedad. No puede ser que ilustres juristas consigan prestigio a base de deteriorar la vida social, buscando recovecos legales para demostrar la teoría del momento, a costa de cargarse el espíritu de la ley y el favor al conjunto de los ciudadanos.
Tampoco puede ser que viéndose claramente los resultados de una investigación o de una instrucción, en la fase del juicio oral se den por nulas pruebas fundamentales y todo lo que dependa o puede depender de ella, y lo que era una condena segura se convierta en un sobreseimiento o una absolución.
¿Y para qué hablar del cumplimiento de las penas? Aquí precisamente radica el origen de este problema actual, el de la excarcelación de los más inmundos seres que comparten ciudadanía con el resto de humanos más o menos decentes.
Resulta que, a tenor de la calificación de los diferentes tipos delictivos, el Código Penal establece una serie de castigos tasados. Y abiertos, para los Jueces y Tribunales apliquen, dentro del rango establecido, en virtud de las circunstancias que puedan apreciar. Así, por ejemplo, para el homicidio, dice el artículo 138 del Código Penal español: "El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con pena de prisión de 10 a 15 años"
Es de lógica pensar que por cada delito de homicidio, se debería sumar entre diez y quince años, y así, para homicidas múltiples, simplemente sumar como nos enseñaron en educación primaria. Por supuesto, para otros delitos que se pudieran haber demostrado, también se sumaría su pena, a menos que entraran en concurso, lo que se sale ya de los objetivos de este pequeño artículo de opinión.
Aplicando este criterio lógico, es como se ha llegado a condenar a miles de años de prisión a destacados delincuentes, como terroristas, violadores múltiples, asesinos en serie, etc. Y está muy bien, porque se trataría de aplicar un principio como el de proporcionalidad, de uso universal.
Pero los legisladores no lo ven bien. Y por ello, en el Código Penal, establecen varios límites en la aplicación de las penas. Unos por edad, otros por enfermedad mental, y otros por acumulación de sentencias con limitación de cumplimiento efectivo, de 20 o 30 años en función de la gravedad de los mismos.
No contentos con ello, también se establecen beneficios en el cumplimiento de las penas, tales como reducciones de condena, permisos temporales, visitas vis a vis, etc.
Como la gravedad de algunos hechos hacían más que escasa la repercusión carcelaria que en base al ordenamiento anteriormente descrito, en vez de cambiar las leyes, se intentó hacer un invento, consistente en aplicar las redenciones sobre el tiempo total de la condena, en vez de sobre el tiempo efectivo y real de cumplimiento, a fin de que se cumplieran esos treinta años de máxima privación de libertad. Básicamente se trata de la aplicación de la doctrina Parot, que es la que acaban de desintegrar en Estrasburgo, con total lógica, y sin pensar en lo que conlleva en cuanto a respeto a las víctimas de los delitos más execrables cometidos en España.
Hasta aquí me he metido con el Poder Judicial, por todo lo que conlleva de criticable sus actuaciones, pero no puedo dejar sin más al auténtico origen de este problema, que no es otro que el Poder Legislativo.
Lo primero, porque a la hora de legislar, a la hora de establecer las medidas contempladas en el Código Penal, a mi juicio se han quedado más que cortos. No puede ser que cometer los delitos en nuestro país sea mucho más "barato" que cometerlos en otros países democráticos. Parece que el hecho de ser un país democrático, lleva aparejado que sea un país "blando". Y así, no funcionan bien las cosas.
Tampoco ayuda mucho el brindis al sol que se da en uno de los artículos iniciales de nuestra Constitución: El artículo 25, en su apartado 2 dice: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad."
Vamos, que cuando a uno le roban el radiocassette del coche, o entran en su casa, o le atracan en la calle, está deseando que el autor sea condenado para que se reeduque y se reinserte.
Vamos a dejarnos ya de gilipolleces, y a llamar a las cosas por su nombre. Los ciudadanos de bien queremos que cuando alguien cometa un delito, lo pague y punto. Y que lo pague de forma proporcional a la gravedad del hecho. Y sin tanta floritura, descuento ni atenciones.
Sinceramente, creo que si la Justicia fuera justa, se cometerían muchos menos delitos en nuestro país. Y me baso en dos aspectos:
1. El delincuente reincidente apenas existiría, ya que desde dentro de la prisión le sería harto complicado cometer nuevos delitos.
2. El miedo a las consecuencias penales haría que se lo pensaran dos veces antes de dedicarse a la delincuencia como profesión.
Y la forma de llegar a esto pasa, de forma inexorable, por nuestros políticos. Pero, en más de treinta años de democracia, esto no les ha parecido interesante. Prefieren perder el tiempo en desarrollar otras cuestiones que podrán tener más o menos importancia, y que a mí no me convencen.
Mención aparte es tocar el tema del Presidente del Gobierno que por dos ocasiones, más daño ha hecho a nuestro país. Se propuso pasar a la historia, y lo ha hecho. Pero no por su valía, ni mucho menos. Y entre otras muchas cosas, se ha cargado este parche que fue la Doctrina Parot, en su afán de conseguir un fin del terrorismo negociado, y que ha dado lugar a esta reflexión.
Supongo que si algún jurista lee este pequeño artículo se podrá llevar las manos a la cabeza. Puede contener errores e inexactitudes, si bien no serán intencionadas. Pero creo que se adapta a lo que piensa el resto de españoles de pro, sean de la condición social y económica que sean, y que no se encuentran a gusto ni con las leyes actuales, ni con la aplicación de las mismas.
En fin, que ya está bien de filosofar por hoy.
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